Elementos de bomberos, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Protección Civil de Monterrey y San Pedro arribaron al lugar en donde desalojaron a los clientes y acordonaron el lugar, mientras que paramédicos atendieron a los lesionados.
Algunos de las personas que resultaron con quemaduras son: Lourdes Martínez Monsiváis, de 38 años, además Carla Ivete Villareal Mena, de 39 años y Yazmín Leticia Uresti Castillo, de 20.
Las personas que se encontraban en ese momento en el casino, afirmaron que la puerta de emergencia estaba atrancada, por lo que vivieron momentos de angustia, hasta que elementos de Protección Civil los rescataron mediante retroexcavadoras, quienes tumbaron las paredes del lugar.
Elementos ministeriales iniciaron con las investigaciones del nuevo ataque a un centro de apuestas. A lo largo de la tarde y noche del jueves, el número de víctimas fatales fue incrementando hastan llegar a la cifra de 52, que fue confirmada por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
Una de las versiones que informó una fuente cercana a la investigación, dijo que no fueron lanzadas granadas, como se había especulado en un principio, sino que varios delincuentes llegaron a bordo de vehículos, descendieron y se introdujeron al casino, en donde rociaron con gasolina todas las instalaciones y posteriormente prendieron fuego.
Los guardias de seguridad no pudieron hacer nada al respecto, porque fueron amagados por el grupo de la delincuencia.
Un asalto, móvil de los hechos: representante de Casinos
Pese a lo evidente del ataque, el representante de los empleados de Casinos, Félix Coronado, dijo que todo se desprendió de un asalto en el lugar, situación que dejó más de una decena de muertos.
“Me he comunicado con los dueños del centro de trabajo para conocer cómo fueron los hechos, ellos me dicen que la situación fue un asalto al lugar, en el cual, los elementos de seguridad hicieron una intervención y empezaron los problemas,” dijo.
Testigo de la tragedia narra los hechos
Una mujer que se encontraba en el Casino Royale al momento de los hechos, refirió que los delincuentes sí lanzaron granadas, además de que realizaron detonaciones de arma de fuego.
“Se oyeron ráfagas dentro de las instalaciones del Royale y se escuchó un grandazo… Lo que se nos vino a la mente fue correr hasta el estacionamiento que está subterráneo y sales a la calles pero nos guiaron hasta el segundo piso hacia una salida de emergencia, la cual estaba con llave, dijo.
Presidente Felipe Calderón declara luto nacional
El presidente Felipe Calderón decretó tres días de luto nacional después del ataque al casino Royale, el cual, dijo, fue perpetrado por "terroristas" motivados por la ambición.
El mandatario mexicano dijo que el atentado contra el centro de entretenimiento carece de razón y justificación y lo calificó como "el más grave atentado contra la sociedad civil que haya visto el país en mucho tiempo".
"No estamos hablando de un accidente, si no de un homicidio brutal e incalificable", dijo Calderón. El presidente condenó las acciones "arteras, con premeditación, alevosía y ventaja" de los criminales que prendieron fuego a las instalaciones del casino.
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 30 millones de pesos (unos 2.4 millones de dólares) a quienes colaboren con información para la ubicación y aprehensión de los autores del atentado.
En un mensaje desde la Residencia Oficial de Los Pinos, minutos antes de partir a Monterrey, el mandatario anunció que se incrementará la presencia de las fuerzas federales en la zona metropolitana de esa ciudad y en el noreste del país, hasta "restituir a los neoloneses la tranquilidad que se ha perdido".
Momentos antes, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presentaron un video de la cámara de seguridad del casino. Las imágenes muestran cómo sujetos armados llegaron en tres vehículos al lugar, con supuestos galones de gasolina.
La PGR pone a disposición de los ciudadanos el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx y los números (55) 5346-1544 y (55) 5346-0000, extensión 4748, en el Distrito Federal y 01-800-831-3196 desde cualquier parte del país.
Estados Unidos, responsable
El presidente mexicano dijo que la ambición de los criminales ha aumentado, porque las mayores rentas provienen del trasiego y venta de droga a Estados Unidos.
Calderón exhortó al gobierno del país a que "reflexionen a la tragedia de México" y de otros países de América Latina, consecuencia del "consumo insaciable de drogas en el que participan millones de norteamericanos".
"México ya no puede ser la puerta de acceso, ni pagar las consecuencias que ese mercado genera (…) Se debe evitar que ese trasiego genere esta violencia insufrible y que Estados Unidos haga algo para lograrlo. Si están decididos y resignados a consumir drogas, busquen otras alternativas de mercado o establezcan puntos de acceso distintos", dijo el presidente mexicano.
"Todos debemos actuar"
Mientras se indaga qué grupo criminal es el responsable del ataque en el casino de Monterrey, el presidente pidió a los estados acelerar el cumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, que entre otras cosas, establece la obligatoriedad para aplicar controles de confianza a los cuerpos policiales y depurarlos.
"El avance de los criminales se explica por la corrupción de las instituciones de seguridad y de justicia", dijo Calderón.
Otra de las peticiones del mandatario durante su mensaje fue acelerar la aprobación de las reformas pendientes que permitan trabajar mejor por la seguridad del país.
"Las fuerzas federales detienen a los criminales. Déjenos hacer nuestro trabajo. Dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan frenar la acción de las fuerzas federales por lucro mediático o político", dijo el mandatario, en referencia a la Ley de Seguridad Nacional, la cual no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y establece bases para el actuar del Ejército y la Marina en actividades de orden policial.
Grupos de la organización civil y partidos políticos de oposición rechazan la ley porque, aseguran, privilegia la militarización del estado y atenta contra una visión de seguridad humana.
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